El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar el Día en 1966, la Asamblea General instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial en su resolución 2142.
En 1979, la Asamblea General aprobó un programa de actividades que se realizarían durante la segunda mitad del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial (A/RES/34/24). En esa ocasión, la Asamblea General decidió que todos los años, en todos los Estados, a partir del 21 de marzo, se organizase una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial.
Desde entonces, el sistema del apartheid en Sudáfrica se ha desmantelado. Leyes y prácticas racistas se han suprimido en muchos países, y se ha construido un marco internacional para luchar contra el racismo, guiado por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La Convención está ahora a punto de ratificarse a nivel universal y, aún así, en todas las regiones, muchas personas, comunidades y sociedades sufren de la injusticia que el racismo y el estigma traen consigo.
Este año 2020, el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial se centra en el examen de mitad de período del Decenio Internacional para los Afrodescendientes. A medida que el Decenio se acerque a su punto medio en 2020, el examen hará un balance del progreso realizado y decidirá sobre las acciones necesarias adicionales.
Más allá del continente africano, hay alrededor de 200 millones de personas en las Américas que se autoidentifican como afrodescendientes, y otros muchos millones más dispersos en diferentes partes del mundo como Europa o España.
Ya sea como descendientes de las víctimas de la trata transatlántica de esclavos o como migrantes más recientes, los afrodescendientes constituyen algunos de los grupos más pobres y marginados. Todavía tienen acceso limitado a educación de calidad, servicios de salud, vivienda y seguridad social y su grado de participación política es, a menudo, bajo. Además, pueden sufrir múltiples formas de discriminación por edad, sexo, idioma, religión, opinión política, origen social, orientación e identidad sexual, discapacidad, nacimiento u otra condición.
El Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015 – 2024, proclamado por una resolución de la Asamblea General de la ONU, proporciona un marco sólido en la toma de medidas efectivas para abordar estos temas con un espíritu de reconocimiento, justicia y desarrollo con el fin de garantizar la protección y promoción continuas de los derechos de las personas afrodescendientes.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad. En su resolución más reciente, la Asamblea General de la ONU volvió a enfatizar que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas y deben rechazarse, al igual que las teorías con que se pretende determinar la existencia de razas humanas separadas. Todos los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos imponen a los Estados obligaciones y tareas destinadas a erradicar la discriminación en las esferas pública y privada. El principio de igualdad exige también a los Estados que adopten medidas especiales para eliminar las condiciones que causan o propician la perpetuación de la discriminación racial.
Como bien señalaba Pedro Zerolo “el racismo es inaceptable en cualquier sociedad y como tal debe ser combatido. La diversidad es un motor social y cultural de nuestro tiempo y por ello es fundamental seguir luchando contra cualquier discriminación”. Para ello, la Fundación Pedro Zerolo sigue abogando por la urgente necesidad de contar con un instrumento jurídico eficaz y fundamental para combatir la discriminación como es una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
