Por Cristina Andreu, directora y guionista clave del cine español, cofundadora y expresidenta de CIMA, con una destacada trayectoria en documentalismo en zonas de conflicto y actualmente finalizando el filme Las tres vidas de Carlos Slepoy. La lucha por la justicia universal.
La lucha de las mujeres por sus derechos comienza mucho antes de que existiera la palabra «feminismo». En las primeras civilizaciones ya encontramos normas que regulaban de manera desigual la herencia, el matrimonio o la autoridad familiar. En la antigua Atenas, por ejemplo, la ciudadanía –concepto central de la democracia– excluía a las mujeres de la participación política. En Roma, aunque algunas podían administrar bienes, la tutela masculina marcaba su vida jurídica. La desigualdad estaba inscrita en la ley.
Durante la Edad Media, el orden feudal y religioso consolidó esa subordinación. Las mujeres estaban sujetas a la autoridad del padre o del marido y carecían de derechos políticos. Sin embargo, figuras como Hildegarda de Bingen o Christine de Pizan demostraron que existían voces críticas y espacios de pensamiento femenino que cuestionaban la supuesta inferioridad intelectual de las mujeres. No era aún un movimiento organizado, pero sí una afirmación de capacidad y dignidad.
La gran ruptura llegó con las revoluciones modernas. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamó la igualdad, pero excluyó a las mujeres. Frente a esa contradicción, Olympe de Gouges redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y fue ejecutada. Mary Wollstonecraft defendió la educación femenina como base de la igualdad. Nacía así el feminismo moderno: la exigencia de coherencia entre los principios universales y la realidad.
En el siglo XIX y comienzos del XX, el sufragismo se convirtió en el eje de la lucha. En Estados Unidos y el Reino Unido, miles de mujeres reclamaron el derecho al voto. En España, Clara Campoamor defendió el sufragio femenino en el Parlamento durante la Segunda República. Cuando el voto fue reconocido en numerosos países, se vivió como una conquista histórica definitiva. Parecía que la igualdad política abría una etapa irreversible.
Sin embargo, la historia mostró lo contrario. Tras la Guerra Civil española, el régimen franquista anuló los avances republicanos: eliminó el divorcio, restauró la autoridad marital y relegó a las mujeres al ámbito doméstico. El Código Civil volvió a exigir permiso del marido para trabajar o abrir una cuenta bancaria. Lo que parecía ganado fue desmantelado en pocos años.
Este retroceso no fue aislado. En la Alemania nazi y en la Italia fascista, las políticas oficiales promovieron un modelo de mujer centrado exclusivamente en la maternidad, restringiendo su presencia en la vida pública y profesional. En distintos contextos autoritarios del siglo XX, los derechos femeninos fueron considerados secundarios o directamente incompatibles con el proyecto político dominante.
La segunda mitad del siglo XX trajo una nueva ola de conquistas: igualdad jurídica en el matrimonio, acceso masivo a la educación superior, leyes contra la discriminación y reconocimiento de derechos reproductivos. Pensadoras como Simone de Beauvoir ayudaron a cuestionar la construcción cultural de la desigualdad. En muchos países europeos y americanos se aprobaron leyes de igualdad y protección frente a la violencia. De nuevo, se instaló la sensación de que la batalla principal estaba resuelta.
Pero en el siglo XXI han surgido movimientos que cuestionan o debilitan esos avances. En distintos países, gobiernos de orientación ultraconservadora han restringido el derecho al aborto, como ocurrió recientemente en Estados Unidos tras la revocación de una sentencia histórica que lo protegía a nivel federal. En Polonia y Hungría, reformas impulsadas por ejecutivos nacionalistas han endurecido el acceso a la interrupción del embarazo y debilitado políticas de igualdad. En América Latina, algunos gobiernos han intentado reducir presupuestos destinados a combatir la violencia de género. Incluso en democracias consolidadas, partidos de extrema derecha han planteado la derogación de leyes específicas contra la violencia machista o han negado la existencia de desigualdades estructurales.
Estos retrocesos comparten un rasgo: se apoyan en la idea de que la igualdad ya está lograda o de que las políticas de género suponen un privilegio injustificado. La percepción de que el feminismo pertenece al pasado facilita el desmontaje de medidas que garantizan derechos muy recientes.
La historia demuestra que los avances no son definitivos. Cada derecho conquistado –voto, autonomía económica, protección frente a la violencia, libertad reproductiva– ha sido resultado de movilización y debate público. Y cada retroceso ha recordado su fragilidad. El feminismo no es una reliquia histórica, sino una respuesta activa a desigualdades persistentes y a la posibilidad real de perder lo alcanzado. Porque, como muestra el pasado, ningún derecho permanece intacto si no se defiende.
