Por Mónica García de Yzaguirre, Magistrada Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife
El día 10 de marzo, la Organización de Naciones Unidas celebra el día de las mujeres juezas para recordar la necesidad de una justicia con perspectiva de género. La ONU considera que las mujeres siguen estando significativamente subrepresentadas en los puestos de toma de decisiones, especialmente en las altas instancias del poder judicial.
La web de esta organización explica que la representación de las mujeres en el poder judicial es clave para garantizar que los tribunales representen a sus ciudadanos, aborden sus preocupaciones y dicten sentencias sólidas. Y añade que, con su mera presencia, las juezas realzan la legitimidad de los tribunales, enviando una poderosa señal de que están abiertos y accesibles para quienes buscan la tutela judicial.
Este año 2023 es necesario, más que nunca, recordar estas razones. Como ejemplos, tras la toma de control de Kabul por los talibanes en agosto de 2021, las 270 juezas afganas comenzaron a ser amenazadas y perseguidas por dos motivos: ser mujeres y ejercer una actividad jurisdiccional en la que se juzga a varones. Desde el pasado diciembre las mujeres afganas no pueden acceder a la universidad. En Irán, existen 77 titulaciones universitarias prohibidas a las mujeres. El derecho iraní reconoce al varón como jefe de familia y la obligación de la mujer de obedecerle en todo, incluido el ejercicio de una profesión (se permite el matrimonio de la mujer desde los 13 años). A día de hoy, las juezas iraníes no pueden ser designadas magistradas en Tribunales superiores.
En 1993, Ruth Bader Ginsburg fue la segunda mujer en acceder al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, tras su lucha en aras de que la Cláusula sobre Protección Igualitaria, incluida en la Constitución norteamericana, que estaba siendo utilizada para debilitar el aparato institucional racista, fuera también aplicable en los casos de discriminación por razón de sexo.
En junio de 2022, menos de dos años después de su fallecimiento, el alto Tribunal cambió el criterio de la histórica sentencia “Roe contra Wade” de 1973, que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres estadounidenses al aborto, negando su protección constitucional.
En España, la Ley 96/1966, de 28 de diciembre puso fin a la prohibición de ser Juez para las mujeres. En mayo de 1972, María Jóver Carrión se convirtió en la primera mujer Juez de Distrito en España. Por su parte, la primera que aprobó las oposiciones a Juez de Primera Instancia, en diciembre de 1977, fue Josefina Triguero Agudo. En 1974, Belén del Valle Díaz también hizo
historia por ser la primera mujer en aprobar las oposiciones a la Fiscalía.
Recordemos que hasta la Ley 14/1975 de 2 de mayo la mujer española casada precisaba de licencia marital para la realización de actos jurídicos. La despenalización de los anticonceptivos no se produce sino hasta la Ley 45/1978 de 7 de octubre. La igualdad legal no se reconoce en nuestro país hasta la Constitución Española de 28 de diciembre de 1978, pero no es sino hasta la Ley 11/1981 de 13 de mayo cuando se recoge en el Código Civil la igualdad de los cónyuges en la administración de la sociedad de gananciales.
La primera mujer que accedió al Tribunal Supremo en España, en febrero de 2002, fue Milagros Calvo Ibarlucea. Más de veinte años después, solo hay 14 magistradas del Tribunal Supremo en activo, una de las cuales, Inés Huerta, se jubilará este mes de marzo. Hasta el año 2004 no accedió una mujer, María Eugenia Alegret, a la Presidencia de un Tribunal Superior de Justicia. María Luisa Segoviano, en septiembre de 2020, fue la primera mujer designada para la presidencia de una Sala (la IV) del Tribunal Supremo, hasta su jubilación el pasado mes de octubre. En la promoción de jueces cuyo nombramiento se publicó en el BOE de 28 de febrero de 1991, de 202 personas que accedieron a la carrera judicial por el turno libre, 106 fueron mujeres, es decir, el 52,47%. Han trascurrido 32 años, sin embargo, a día de hoy, solo dos mujeres presiden un Tribunal Superior de Justicia, ninguna mujer ha presidido nunca la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, y es relevante el mayor porcentaje de varones en las presidencias de Sala de Tribunales Superiores y en presidencias de Audiencias Provinciales. En la 71ª promoción de jueces, que acaba de tomar posesión en sus destinos, de 171 personas, el 73 % son mujeres (125 frente a 46 varones). Sin embargo, 44 años después de la Constitución, nunca, en la historia de España, ha accedido a la Sala 1ª del Tribunal Supremo una mujer jueza (la única actual, María Ángeles Parra, catedrática, procede del turno de juristas).
Entre tanto, el porcentaje de excedencias por cuidados de hijos o familiares en la carrera judicial se concede a mujeres en más de un 90% de los casos. Las situaciones de licencia por maternidad implican de facto la pérdida de oportunidades y una disminución de las retribuciones variables, es muy costoso obtener una adaptación del puesto de trabajo en situaciones de riesgo para la lactancia.
En definitiva, seguimos arrastrando hábitos alejados de la deseable corresponsabilidad de varones y mujeres en las tareas de cuidados que lastran social y psicológicamente a la mujer en su progresión profesional. La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, tras más de cuatro años, y la prohibición al actual de efectuar nuevos nombramientos, perpetúa la foto fija de esta ignominiosa e injustificada desigualdad de la presencia de las mujeres en los altos cargos de la magistratura española. Los datos son concluyentes: subsiste, en quienes nombran, una cultura heredada subconsciente que invisibiliza y minusvalora a las mujeres para
ejercer puestos de poder, que mira con recelo la ambición femenina y como cualidad la del varón.
(Artículo publicado en la revista de la Comisión de Igualdad de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.)